🚨 La Decisión que Levantó los Controles
El origen de la denuncia se remonta a una decisión tomada por el Consejo de Gobierno andaluz el 6 de octubre de 2020. En ese momento, el gobierno de Moreno Bonilla aprobó cambiar el sistema de fiscalización para una lista de gastos, sustituyendo el control previo por un control financiero permanente (a posteriori).
Esta medida, en principio destinada a agilizar la contratación durante la pandemia, incluyó específicamente «los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS)». La retirada de este filtro previo significa que los contratos podían adjudicarse y pagarse antes de ser auditados por los interventores, el órgano de control interno.
🔍 Una Modificación Irregular en el Expediente
La polémica surge porque, según la investigación periodística y judicial, esta inclusión no fue propuesta inicialmente por la entonces interventora general de la Junta, Amelia Martínez. En su propuesta escrita, Martínez no incluyó los contratos de emergencia del SAS en la lista de gastos que perderían el control previo.
Sin embargo, una semana después, estos contratos aparecieron en el acuerdo final del Consejo de Gobierno sin un informe técnico o documento oficial que avalara el cambio. Ante el juez que investiga el caso, la hoy viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, admitió que la modificación se acordó de forma verbal en una reunión de viceconsejeros, a petición de la entonces viceconsejera de Salud, Catalina García. Martínez declaró que dio su conformidad verbal, pero no pudo presentar ningún documento que respaldara esa decisión.
💰 El Resultado: Contratos Millonarios Bajo Investigación
Esta relajación de los controles coincidió en el tiempo con la adjudicación directa (a dedo) de contratos de emergencia del SAS a clínicas privadas por un valor de 242 millones de euros entre 2021 y 2024, incluso cuando la excepcionalidad de la pandemia estaba «muy atenuada». Actualmente, estos contratos son objeto de una investigación judicial por un presunto delito de prevaricación, y los tres últimos gerentes del SAS están imputados.
Varios informes internos «desfavorables» de los propios interventores del SAS, emitidos entre 2021 y 2023, ya alertaron de «irregularidades» en estos procedimientos, señalando que se usaba la modalidad de emergencia de manera abusiva y sin justificación.
📢 La Denuncia y Exigencias de Andalucía Por Sí
Ante esta situación, Andalucía Por Sí ha lanzado una contundente crítica. Su coordinador nacional, Christopher Rivas, afirmó que «lo que está pasando en la sanidad andaluza no es un error ni un despiste: es un modelo» y acusó al gobierno de utilizar el poder institucional para «vaciar de control democrático la gestión pública».
La formación política exige cinco medidas urgentes:
- La comparecencia inmediata del consejero de Salud, Antonio Sanz, para dar explicaciones.
- La publicación detallada de todos los contratos afectados por el cambio en la fiscalización.
- La restitución del control previo pleno por parte de la Intervención General de la Junta.
- Una auditoría independiente de los procedimientos de contratación del SAS desde 2022.
- Un plan para blindar la sanidad pública andaluza que garantice recursos, personal y transparencia.
AxSí sostiene que estas prácticas, en un contexto de recortes y largas listas de espera, reflejan un modelo de «privatización encubierta» que debilita la soberanía sanitaria de Andalucía y deja a la ciudadanía «sin garantías».
Fuente: http://eldiario.es/
